Desafíos y reformas en los sistemas de seguridad social en Latinoamérica
El creciente problema de la informalidad laboral y las reformas estructurales aún inciertas
Latinoamérica enfrenta retos considerables en términos de seguridad social, en medio de una alta informalidad laboral, desigualdad y déficits financieros. Aunque algunos países han intentado implementar reformas para mejorar la sostenibilidad y ampliar la cobertura, las soluciones a largo plazo siguen siendo inciertas. La informalidad laboral sigue siendo uno de los principales obstáculos para garantizar la protección social de amplios sectores de la población.
En Perú, por ejemplo, el 71,2% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad, aunque el país ha logrado que el 89,1% de su población esté cubierta por el Seguro Integral de Salud (SIS). Sin embargo, solo el 34,9% de los adultos mayores está afiliado a un sistema de pensiones, lo que pone de manifiesto las presiones sobre la sostenibilidad del sistema.
En Venezuela, los pensionistas enfrentan ingresos muy bajos, con una pensión mensual de solo 2,5 dólares, complementada por bonos gubernamentales. A pesar de que la Constitución garantiza la salud pública gratuita, los hospitales del país sufren de escasez de recursos, mientras que la informalidad laboral afecta a aproximadamente el 70% de la población, lo que agrava la carga sobre los trabajadores formales.
Por su parte, Colombia aprobó una reforma que entrará en vigor en 2025, con el objetivo de aumentar la cobertura de pensiones del 24% al 87% para 2052. Esta reforma introduce un sistema mixto que incluye pilares solidarios, semicontributivos, contributivos y de ahorro. voluntario. No obstante, los desafíos siguen siendo significativos debido a la alta informalidad y la brecha de género que afecta a la mayoría de los países de la región.
Imagen de archivo de mujeres que venden herramientas durante la Feria ’16 de julio’ en El Alto (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas
En Brasil, el sistema de seguridad social enfrenta una grave amenaza a su sostenibilidad debido al envejecimiento poblacional y a un creciente déficit fiscal. A pesar de que la reforma de 2019 introdujo una edad mínima de jubilación, las proyecciones indican que el sistema será cada vez más insostenible, con un número menor de contribuyentes en relación con los beneficiarios.
Chile, por su parte, sigue con un sistema de capitalización individual, gestionado por Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que ha sido cuestionado por sus bajas pensiones, especialmente para las mujeres. En 2022, el gobierno introdujo la Pensión Garantizada Universal para los sectores más pobres, pero una reforma pendiente podría cambiar el sistema hacia uno mixto.
En varios países de la región, las reformas continúan siendo un tema clave. Uruguay, por ejemplo, reformó su sistema en 2023 aumentando la edad de jubilación, aunque la medida ha generado resistencia social. Panamá enfrenta una crisis financiera en su Caja del Seguro Social y está considerando una reforma que eleva la edad de jubilación y aumenta las contribuciones patronales, pero estas propuestas han encontrado rechazo.
En Costa Rica, se implementó una reforma al sistema de pensiones en 2024, eliminando la jubilación anticipada para hombres, y se busca atraer a los trabajadores informales, quienes representan un 40% del empleo. Sin embargo, el sistema enfrenta problemas de sostenibilidad.
Mientras tanto, países como Cuba, con un sistema único de seguridad social, garantizan cobertura sanitaria universal, pero enfrentan dificultades debido al deterioro de la calidad de los servicios y una economía afectada por las restricciones internacionales. En Nicaragua, tras varias reformas controvertidas, más del 70% de los empleos son informales y carecen de acceso a seguridad social.
La alta informalidad laboral sigue siendo un desafío estructural clave en Latinoamérica, y aunque muchos países están adoptando reformas, la sostenibilidad y cobertura de los sistemas de seguridad social dependen de medidas más profundas que aborden la informalidad, la desigualdad y las presiones fiscales que amenazan la estabilidad de estos sistemas.
Con información de: EFE
