El Tribunal Constitucional de Perú ordena publicar el acuerdo de colaboración con Odebrecht
La decisión marca un hito en el acceso a la información pública y en las investigaciones sobre corrupción.
El Tribunal Constitucional (TC) de Perú resolvió que el acuerdo confidencial firmado en 2019 entre el Estado peruano y la constructora brasileña Odebrecht sea hecho público. Este acuerdo, pieza clave en las investigaciones de la trama de corrupción conocida como Lava Jato, fue declarada de acceso público tras un recurso de agravio presentado por el periodista Phillip Butters, afiliado al partido derechista Avanza País.
Fotografía del 19 de abril de 2016 de la obra de la Villa Olímpica de Río 2016 realizada por la constructora Odebrecht en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil). EFE/Marcelo Sayão
La Segunda Sala del TC determinará que la negativa previa a entregar el acuerdo vulneraba el derecho fundamental de acceso a la información pública. En consecuencia, ordenó a la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Centro proporcionar las copias de los documentos en un plazo de cinco días hábiles.
Los acuerdos en cuestión, firmados en febrero y mayo de 2019, incluyen:
El Acuerdo de Beneficios y Colaboración Eficaz (15 de febrero de 2019).
El Acuerdo Complementario (20 de mayo de 2019).
Estos documentos fueron suscritos entre el equipo especial de la Fiscalía Anticorrupción y la empresa Odebrecht, junto con varios de sus colaboradores brasileños.
El Tribunal argumentó que las restricciones impuestas al acuerdo ya no son válidas, pues sus multas han sido cumplidas y la identidad de los colaboradores ha sido revelada con su consentimiento. Además, destacó que la naturaleza reservada de estos acuerdos no cuenta con una justificación constitucional.
En 2019, el acuerdo permitió acceder a información crítica sobre proyectos clave como la Línea 1 del Metro de Lima, la Carretera Interoceánica y la Costa Verde del Callao, en los que Odebrecht admitió culpabilidad.
Como parte del acuerdo, Odebrecht se comprometió a pagar una reparación civil de 610 millones de soles (aproximadamente 163,5 millones de dólares) en un plazo de 15 años. Además, la empresa debía cubrir 150 millones de soles en intereses legales y 450 millones en impuestos pendientes.
En junio de 2019, el Poder Judicial peruano aprobó el acuerdo sin restricciones, considerándolo un "hito" en la lucha contra la corrupción en el país.
Con información de: EFE
