La defensa de Evo Morales denuncia intentos de inhabilitación electoral
El expresidente enfrenta acusaciones de que su equipo legal califica como “armadas” y parte de una estrategia política.
Los abogados de Evo Morales denunciaron este martes que las investigaciones en su contra por presunta trata de personas forman parte de una estrategia política diseñada para inhabilitar su candidatura a las elecciones generales de Bolivia en 2025. Según los juristas Cecilia Urquieta y Marcelo Galván, el caso está “viciado de irregularidades” y constituye una “guerra judicial” contra el exmandatario.
Urquieta destacó que el proceso es un ejemplo de una “ola de persecuciones judiciales” contra líderes izquierdistas en Latinoamérica, como Cristina Fernández en Argentina y Rafael Correa en Ecuador. Según la abogada, las acciones legales contra Morales responden a un libreto político que busca impedir su participación en los próximos cómics presidenciales.
Marcelo Galván, abogado del equipo jurídico del Movimiento Al Socialismo (MAS), habla durante una conferencia de prensa sobre la investigación a Evo Morales en La Paz (Bolivia). EFE/ Gabriel Marquez
Por su parte, Galván calificó la acusación formal presentada por la Fiscalía como “ilegal” e “inconstitucional”, al señalar que no hubo declaración previa por parte de los acusados. Además, recordó que una orden de captura anterior ya fue anulada en octubre mediante una acción de libertad, que también consideró que el caso debía ser llevado en Cochabamba, el bastión político de Morales, y no en Tarija.
Contexto de las acusaciones
El Ministerio Público imputó formalmente a Evo Morales ya la madre de una presunta víctima en un caso de trata de personas que habría comenzado en septiembre. La Fiscalía solicitó una alerta migratoria contra el exmandatario y prevé pedir su detención preventiva por seis meses. Las acusaciones incluyen presuntos delitos de trata de personas y estupro relacionados con una menor con la que Morales habría tenido un hijo.
El expresidente niega las acusaciones, calificándolas de infundadas y parte de una “brutal guerra jurídica” orquestada por el Gobierno de Luis Arce. Esta situación se da en un contexto de pugna interna dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), partido oficialista, donde Morales y Arce compiten por el liderazgo y la definición de la candidatura para 2025.
Reacciones y apoyo popular
Ante la posibilidad de detención, los seguidores de Morales han mostrado su apoyo mediante bloqueos de carreteras y manifestaciones. Entre octubre y noviembre, se registraron 24 días consecutivos de protestas lideradas por cocaleros, base sindical y política del exmandatario. Morales permanece refugiado en el Trópico de Cochabamba, donde cuenta con el respaldo de cientos de simpatizantes.
Además del caso en Tarija, el expresidente enfrenta otras siete denuncias en Cochabamba por presuntos abusos a menores, y en noviembre se abrió una investigación en Argentina por supuesta trata de personas y abuso sexual, vinculada a su estancia en ese país tras renunciar a la presidencia. en 2019.
Estas acciones legales surgen en un momento crucial para el MAS, con implicaciones significativas para la política boliviana y el futuro electoral del expresidente.
Con información de: EFE
