Maduro firma ley que impone hasta 30 años de prisión por promover sanciones contra Venezuela
La normativa también establece multas millonarias e inhabilitación política por 60 años para los implicados
El presidente venezolano Nicolás Maduro firmó la nueva "Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela", que establece penas de 25 a 30 años de prisión para quienes promuevan o participen en sanciones extranjeras contra el Gobierno. Esta ley, aprobada por unanimidad en el Parlamento chavista, también incluye multas de hasta un millón de euros y una inhabilitación política de 60 años para los acusados.
Antecedentes y justificación
Según Maduro, la ley es una respuesta a las recientes de Estados Unidos, que reforzó sanciones contra Venezuela prohibiendo acciones a entidades federales contratar empresas con vínculos comerciales con el Gobierno chavista.
"Es una ley para hacer justicia y defender a Venezuela de las amenazas y bloqueos del imperialismo norteamericano y sus países satélites", afirmó Maduro durante un acto televisado.
El Gobierno venezolano asegura que el país ha sido objeto de más de 900 sanciones internacionales en la última década, la mayoría provenientes de Estados Unidos, las cuales califican como crímenes de lesa humanidad.
EFE/ Prensa Miraflores
Castigos establecidos
La ley no solo apunta a individuos que apoyan o impulsan sanciones internacionales, sino también a medios de comunicación que transmiten mensajes que promuevan estas medidas. Estos podrán enfrentar multas de hasta 1.055.680 dólares y, en algunos casos, la salida del aire o del espectro radioeléctrico.
Además, quienes participan en acciones armadas, ataques cibernéticos u otras actividades que afectan a las instituciones venezolanas o sus autoridades también estarán impedidos de optar por cargos públicos o competir en elecciones.
Implicaciones políticas
La ley refuerza el control del chavismo sobre el panorama político y mediático en Venezuela, al tiempo que intensifica la confrontación con actores internacionales que respaldan sanciones contra el régimen.
La aprobación de esta normativa refleja la estrategia del Gobierno venezolano para consolidar su poder interno frente a las presiones externas. Sin embargo, los críticos advierten que estas medidas podrían aumentar la tensión política en el país y restringir aún más las libertades individuales y de expresión.
Con información de: EFE
