Juez ordena cancelar el partido del presidente de Guatemala, Movimiento Semilla
La resolución genera tensiones políticas y críticas sobre la independencia judicial en el país.
El juez penal Fredy Orellana emitió este jueves una orden al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala para cancelar la inscripción del partido Movimiento Semilla, que llevó al poder al presidente Bernardo Arévalo de León en las elecciones de 2023. La decisión se basa en un proceso penal iniciado por el Ministerio Público en 2023, relacionado con presuntas irregularidades en la formación del partido.
El fiscal Rafael Curruchiche, encargado del caso, fundamenta su solicitud en testimonios de Ligia Hernández, exdiputada y funcionaria del gobierno actual, quien asumió cargos después de pasar 90 días en prisión. Sin embargo, el partido y sus miembros han calificado la medida como “ilegal”, señalando que un juez no tiene la autoridad para suspender o cancelar un partido político.
EFE/ Esteban Biba
Reformas legislativas y rechazo del oficialismo
La resolución del juez llega justo después de que la bancada oficialista lograra reformar la ley de delincuencia organizada en el Congreso, con el objetivo de evitar la disolución del Movimiento Semilla. El diputado oficialista Samuel Pérez expresó que “un juez no puede suspender ni cancelar a ningún partido político” y destacó que la reforma legislativa otorgó los instrumentos necesarios para recuperar la legalidad del partido y los derechos de su bancada.
Persecución judicial contra Movimiento Semilla
La orden judicial es parte de una serie de acciones judiciales que el Movimiento Semilla y sus miembros, incluido el presidente Arévalo, han enfrentado desde su sorpresiva victoria electoral en 2023. La Fiscalía, dirigida por Consuelo Porras, y el juez Orellana ha sido objeto de sanciones por corrupción por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, debido a su actuación en contra del partido y su inclinación hacia lo que se considera una postura antidemocrática.
Esta situación ha generado un clima de incertidumbre política y jurídica, con crecientes denuncias de persecución judicial en el marco de la lucha por el control del poder en Guatemala.
Con información de: EFE
