Nicaragua niega violaciones de derechos humanos en la ONU y no ofrece solución a la retirada de nacionalidad
Gobierno las acusaciones de represión y justifica medidas en contra de ONG y universidades
Este miércoles, el Gobierno de Nicaragua desestimó ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU en Ginebra las acusaciones de violación de derechos humanos planteadas por países como Estados Unidos, Brasil y Colombia. En esta revisión, Nicaragua no propuso ninguna solución para los cientos de ciudadanos a los que ha retirado la nacionalidad, medida que ha sido ampliamente criticada.
Fotografía de archivo de familiares de “presos políticos”. EFE/Jorge Torres
Nicaragua defiende su postura sobre derechos y nacionalidad
Durante su intervención, representantes de la Procuraduría General negaron las acusaciones de violaciones a la libertad de expresión, reunión y manifestación pacífica. Justificaron el cierre de millas de organizaciones no gubernamentales (ONG) y universidades, así como la retirada de la nacionalidad a personas consideradas "traidores a la patria". La procuradora nacional de la propiedad, Jeanette García, reafirmó que el gobierno nicaragüense no reconoce la autoridad de la Corte Penal Internacional, argumentando una supuesta falta de imparcialidad.
Críticas de otros países y peticiones de restitución de derechos
Diversos países condenaron las acciones del gobierno nicaragüense y demandaron cambios. España, por ejemplo, ofreció nacionalidad a los nicaragüenses que quedaron apátridas debido a la privación de su ciudadanía y denunció la “represión sistemática de la oposición y las restricciones a la libertad religiosa”. Estados Unidos solicitó la liberación de detenidos arbitrariamente y denunció una “represión transnacional” que afecta a opositores y activistas nicaragüenses en el exterior.
Reacciones ante el cierre de universidades y ONG
Ante el cierre de 27 universidades y más de 5.000 ONG, la procuradora Carmen Soledad Rodríguez defendió la actuación de la policía nicaragüense y justificó la participación de “policías voluntarias” en las acciones para “restituir el orden”. Sin embargo, países como México, Panamá, Argentina y Chile pidieron la devolución de la nacionalidad a los afectados y la reactivación de ONG cerradas, así como una mayor cooperación con los organismos de derechos humanos.
Llamado a detener la persecución religiosa y proteger a minorías
Brasil solicitó investigaciones para sancionar la violencia contra minorías, como comunidades indígenas y afrodescendientes, además de exigir el fin de la persecución religiosa. Colombia expresó preocupación por el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, señalando la restricción del espacio cívico y las barreras a la pluralidad política.
Con información de: EFE
