La amenaza de cerrar Palmerola divide opiniones en Honduras

Sectores opinan sobre la advertencia de Xiomara Castro

El reciente anuncio de la presidenta Xiomara Castro sobre la posible clausura de la base militar estadounidense de Palmerola ha generado un intenso debate en Honduras. Mientras algunos califican la medida como una defensa legítima de los derechos de los migrantes, otros consideran que podría desencadenar una crisis económica y política para el país.

En su mensaje de Año Nuevo, la mandataria hondureña invitó al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, a dialogar sobre las anunciadas deportaciones masivas de migrantes. Según Castro, de no alcanzarse un acuerdo favorable para ambas naciones, Honduras podría cerrar la Base Aérea Soto Cano, conocida como Palmerola, que ha operado desde 1982 en Comayagua bajo el marco de cooperación militar entre ambos países.

La presidenta señaló que la base perdería su razón de ser si las deportaciones se llevan a cabo, y aseguró que su gobierno tiene el derecho soberano de replantear las relaciones con Estados Unidos si estas dejan de ser beneficiosas.

Voces críticas, como la del precandidato presidencial Salvador Nasralla, advirtieron sobre las posibles repercusiones económicas de esta medida. "Un conflicto con Estados Unidos podría resultar en aranceles devastadores para nuestras exportaciones y agravar la pobreza en el país. Honduras necesita aliados, no confrontaciones innecesarias", afirmó Nasralla.

Por su parte, Eduardo Facussé Salomón, exlíder empresarial, calificó la postura del gobierno como un “chantaje patético”. Según él, amenazar con cerrar la base no resolverá los problemas estructurales de pobreza y desempleo en Honduras. En la misma línea, Adolfo Facussé, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), destacó la dependencia del país de las remesas familiares, que representan más de $9,000 millones anuales. "Perder ese apoyo sería catastrófico", señaló.

En contraste, funcionarios como Wilfredo Serrano, gerente del Instituto Nacional de Migración, respaldaron la postura de Castro, argumentando que la base militar ya no tiene razón de ser si Estados Unidos continúa criminalizando a los migrantes hondureños. "Es un llamado justo para que nos vean como seres humanos, no como delincuentes", afirmó Serrano.

El canciller Eduardo Enrique Reina también apoyó la medida, señalando que Honduras tiene el derecho de defender la dignidad de sus migrantes y ajustar sus relaciones internacionales si estas se tornan desfavorables. Reina insistió en la necesidad de mantener un diálogo abierto y fructífero con Estados Unidos, pero enfatizó que la soberanía del país está por encima de cualquier alianza.