Honduras podría cancelar acuerdo militar con EUA sin intervención del Congreso

Canciller Eduardo Reina respalda postura de la presidenta Castro sobre bases militares estadounidenses

El canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, aseguró que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de finalizar el acuerdo sobre bases militares con Estados Unidos sin necesidad de aprobación del Congreso Nacional. Estas declaraciones refuerzan la posición de la presidenta Xiomara Castro, quien amenazó con retirar las bases estadounidenses en respuesta a posibles deportaciones masivas bajo la administración de Donald Trump.

Según Reina, la Constitución hondureña no establece la obligatoriedad de someter estas decisiones al Legislativo. "En ciertos casos, los tratados deben pasar por el Congreso, pero en la mayoría de los casos, su denuncia no requiere esta aprobación", explicó en una entrevista con la radio HRN.

El acuerdo militar entre Honduras y Estados Unidos se remonta a 1954, cuando ambos países firmaron el Convenio Bilateral de Ayuda Militar. Este pacto permitió la creación de la base en Palmerola, Comayagua, en 1982, como parte de un programa para mejorar instalaciones aeroportuarias en Golosón, La Mesa y Palmerola. En la década de 1980, estas instalaciones jugaron un papel estratégico durante conflictos armados en Centroamérica.

Con el fin de las tensiones regionales, la misión de las bases militares cambió a operaciones humanitarias y de asistencia bilateral en los años 90. Sin embargo, el acuerdo sigue siendo un tema de debate en la política hondureña, especialmente en relación con su impacto en la soberanía del país.

Por su parte la presidenta Castro en recientes declaraciones acentuó que, si Estados Unidos implementa deportaciones masivas, su gobierno consideraría finalizar la cooperación militar. "Mantener bases militares en nuestro territorio perdería todo sentido", afirmó.

Por su parte, Reina señaló que este tipo de decisiones no requieren volver al Congreso, citando como ejemplos precedentes como la salida de Honduras del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y la denuncia del Tratado de Extradición con Estados Unidos.

"Es un derecho del Ejecutivo replantear acuerdos internacionales si no benefician a Honduras", enfatizó Reina, calificando como una manipulación política el argumento de que estas decisiones deberían pasar por el Legislativo.