Deniegan amnistía al exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri y confirman inhabilitación por seis años
El Juzgado de Ejecución Penal rechaza solicitud de aplicación del Decreto Legislativo N°04-2022, dejando en firme la condena por prevaricato administrativo.
El Juzgado de Ejecución Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula informó este viernes, a través de su Secretaría Adjunta, que denegó la solicitud de amnistía presentación a favor del exalcalde Rodolfo Augusto Padilla Sunseri, condenado por el delito de prevaricato administrativo en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
Padilla Sunseri cumple una inhabilitación especial para ejercer empleos o cargos públicos, ya sea por nombramiento o elección popular, por un período de seis años. Dicha sentencia comenzó a ejecutarse en 2023, año en que el Juzgado notificó a la defensa y remitió la comunicación correspondiente al Consejo Nacional Electoral (CNE).
El proceso judicial y la condena
El caso del exedil se remonta a 2017, cuando fue absuelto inicialmente por el Tribunal de Sentencia en un juicio por malversación impropia de caudales públicos agravada. Sin embargo, esa resolución fue impugnada por el Ministerio Público mediante un recurso de casación, que resultó favorable a la acusación.
Posteriormente, los magistrados de la Sala de lo Penal aplicaron de forma retroactiva el Código Penal N°130-2017 en relación con el Código Penal N°144-83, lo que culminó en la condena de Padilla Sunseri como autor del delito consumado de prevaricato. administrativo.
Además de la inhabilitación especial, la pena incluye la suspensión de la ciudadanía durante el período que dure la condena principal, restringiendo sus derechos civiles y políticos.
Ejecución de la sentencia
Desde 2023, el Juzgado de Ejecución Penal ha implementado las medidas correspondientes, que incluyen la prohibición de ocupar cargos públicos o administrar bienes de carácter público o privado.
Con esta decisión, el exalcalde deberá continuar cumpliendo su condena conforme a las disposiciones legales vigentes, mientras las autoridades judiciales reafirman su compromiso con la aplicación de justicia en casos de corrupción que afectan la administración pública.
