Organizaciones denuncian irregularidades en la elección del Consejo Nacional de Protección
Joprodeh y Asopodehu impugnan el proceso por falta de legitimidad y transparencia en la convocatoria
Las organizaciones Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh) y la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu) presentaron este jueves una impugnación contra la reciente elección de representantes de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Protección. Según las denunciantes, el proceso de atención de legitimidad al no ajustarse a las disposiciones de la Ley de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
La controversia se centra en la convocatoria realizada por la Secretaría de Derechos Humanos el 5 de noviembre, publicada únicamente a través de su página de Facebook. En esta, se invitaba a participar en una asamblea programada para el 6 de diciembre en Siguatepeque, dejando un breve período para la inscripción, del 6 al 22 de noviembre. Las organizaciones sostienen que el uso exclusivo de un código QR para el registro dificultó la participación, especialmente de colectivos con acceso limitado a estas herramientas tecnológicas.
Además, cuestionaron el escaso impacto de la convocatoria debido a su difusión limitada, ya que solo se publicaron 11 anuncios en redes sociales, sin utilizar otros medios más accesibles y efectivos. A esto se sumó la publicación tardía de un "Protocolo Provisional para la Elección de Consejeros", documento que, según las organizaciones, excedieron las facultades de la Secretaría, cuya competencia se limita únicamente a convocar.
El día de la asamblea, realizada el 6 de diciembre, Joprodeh y Asopodehu denunciaron que el evento fue controlado por un grupo reducido de organizaciones vinculadas a la Coalición contra la Impunidad, alineada con la Secretaría de Derechos Humanos. También señalaron que la instalación y dirección de la asamblea recayó indebidamente en el viceministro Longino Becerra, en lugar de los consejeros salientes o las mismas organizaciones civiles, como establece la normativa.
Ante estas irregularidades, las organizaciones solicitaron la anulación del proceso y exigieron una nueva convocatoria para garantizar una elección legítima, transparente y libre de injerencias estatales.
