Jubilados del INPREMA exigen celeridad en el pago de las 60 rentas
Docentes jubilados critican retrasos y claman justicia ante incumplimientos
El proceso de pago de las 60 rentas a más de 14.000 docentes jubilados del Instituto Nacional de Previsión Magisterial (INPREMA) sigue siendo motivo de descontento. Pese a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ampara a los maestros, los retrasos han generado reclamos y llamados de atención hacia el gobierno y las autoridades del instituto.
Denuncias por incumplimientos
Oliver Erazo, apoderado legal de los docentes afectados, señaló que el pago se realiza de manera lenta y con trabas administrativas: “Siguen dilatando el pago, exigiendo información que ya tienen y realizando desembolsos a cuentagotas”.
Aunque algunos maestros han recibido un primer pago de 100,000 lempiras, muchos aún esperan la entrega de este beneficio, que consideran un derecho adquirido. Erazo lamentó la situación de los jubilados que, en muchos casos, han fallecido sin recibir el dinero correspondiente.
Impacto financiero en el INPREMA
Por su parte, las autoridades del instituto argumentan que los pagos se están efectuando según una programación definida, aunque reconocen las presiones que esta obligación representa para las finanzas de la entidad. El cumplimiento de la sentencia implica un fuerte impacto económico y se están diseñando estrategias para evitar la desestabilización financiera.
Además, la reciente resolución judicial que permite a otros maestros jubilarse bajo la ley de 1980, que fija la edad de jubilación en 50 años, podría duplicar los compromisos financieros del instituto.
El clamor de los jubilados
Los jubilados insisten en que el gobierno debe tomar medidas urgentes para agilizar los pagos y garantizar que los maestros retirados reciban en vida los beneficios prometidos. “No es posible que un gobierno permita que sus maestros ancianos mueran esperando justicia constitucional”, expresó Erazo con evidente indignación.
Mientras tanto, el panorama se mantiene incierto, y los afectados siguen presionando por una solución que cumpla con lo establecido por la ley y les brinde la tranquilidad que merecen tras años de servicio al país.
