Corrupción en instituciones hondureñas: Sindicalistas de la UNAH y exfuncionarios implicados
El Ministerio Público acusa a exfuncionarios, sindicalistas y otros actores de desviar fondos públicos y cometer delitos administrativos
El Ministerio Público (MP) de Honduras presentó este lunes una serie de requerimientos fiscales y órdenes de captura contra exfuncionarios, sindicalistas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), policías, y otros particulares implicados en diversos casos de corrupción que involucran el desvío. millonario de recursos públicos.
Principales acusados y delitos señalados
Entre los requeridos se encuentra Lisandro Rosales Banegas, excomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), acusado de desviar fondos provenientes del programa "Prevención y Mitigación de Desastres Naturales", financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con 18 millones de dólares.
También fue señalada la diputada Gladys Aurora López, acusada de malversación por usar fondos de un proyecto de energía destinado a La Ceibita, en Opatoro, La Paz, para beneficiar un proyecto privado en San Pedro Sula.
Otro caso destacado es el de Norma Agripina García, secretaría municipal de Tocoa, Colón, acusada de falsificar un acta de cabildo abierto en 2016 para favorecer ilegalmente a la empresa minera Ecotek/Pinares con una licencia ambiental.
Corrupción en la UNAH
El MP también imputó a Germán Ubaldo Flores Matamoros, juez ejecutor, y a Carlos Manuel Moreno Lizardo, presidente del Sindicato de Docentes de la UNAH (Sidunah), junto con otros miembros de la organización sindical. Se les acusa de desviar más de 80 millones de lempiras de las arcas universitarias hacia cuentas personales a través de resoluciones arbitrarias.
Otros implicados incluyen a Ena Yolanda Figueroa, vicepresidenta del Sidunah, Andrés Donaldo Mendoza Rojas, y Óscar Danilo González Rosales, entre otros, quienes participaron en el manejo irregular de fondos sindicales.
Impacto y respuesta judicial
Estas acciones forman parte de una ofensiva del MP para combatir la corrupción en diversas instituciones del país. Según las autoridades, los delitos cometidos abarcan desde la malversación de fondos hasta la falsificación de documentos y abuso de autoridad, afectando significativamente las finanzas públicas y la confianza en las instituciones.
Las investigaciones y procedimientos legales continúan, con la promesa de sancionar a los responsables conforme a la ley, y de recuperar los fondos desviados en estos casos emblemáticos de corrupción en Honduras.
