Ministerio Público de Honduras necesita al menos 200 fiscales adicionales para aliviar la sobrecarga de trabajo
Fiscales manejan hasta 1,500 casos debido a déficit de personal, denuncia la Asociación de Fiscales
La presidenta de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público (MP), Elky Alvarado, alertó este sábado sobre la urgente necesidad de contratar al menos 200 fiscales adicionales para enfrentar la sobrecarga laboral que afecta al ente acusador en Honduras.
Actualmente, un solo fiscal puede llegar a gestionar entre 1000 y 1500 casos, una situación que limita gravemente la capacidad del MP para actuar contra la criminalidad y perseguir delitos de manera eficiente.
Elky Alvarado, Presidenta de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público (MP)
Proceso de selección basado en meritocracia
Alvarado enfatizó que la contratación de nuevos fiscales debe realizarse bajo un riguroso proceso de selección basado en la meritocracia, respetando los procedimientos administrativos y evaluando cuidadosamente la hoja de vida de los postulantes.
“No se trata solamente de contratar por contratar, sino de asegurar que los seleccionados cuenten con las competencias necesarias para garantizar la justicia”, declaró Alvarado.
Inversión en justicia y paz social
El representante de los fiscales subrayó que invertir en el fortalecimiento del Ministerio Público es clave para garantizar la paz social de los ciudadanos. Indicó que la institución requiere un aumento presupuestario de al menos 1,000 millones de lempiras para mejorar su capacidad de respuesta frente al crimen y las diversas modalidades delictivas.
Causas del déficit
Entre las razones que explican la carencia de fiscales, Alvarado señaló la salida de personal en los últimos cinco años debido a licencias, incapacidades, jubilaciones o fallecimientos. Esto ha agravado la sobrecarga laboral, afectando la efectividad del MP en su trabajo de impartir justicia.
La crisis de personal en el Ministerio Público pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los recursos humanos y financieros de la institución para garantizar un sistema de justicia más eficiente en Honduras. Sin estas medidas, será difícil reducir la brecha existente entre la demanda de justicia y la capacidad del ente para atender los casos de manera oportuna.
