ASJ cuestiona la ineficiencia en la ejecución del presupuesto de salud en Honduras
La Asociación para una Sociedad más Justa denuncia graves problemas en el sistema de salud, incluyendo la falta de materiales básicos y la subejecución de recursos asignados.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), a través de su directora del Sector Social, Blanca Munguía, ha manifestado su preocupación por la insuficiente ejecución del presupuesto asignado a la Secretaría de Salud en 2024. En un contexto de crisis sanitaria persistente, esta situación pone en riesgo la atención adecuada a la población hondureña.
Faltantes críticos y recorte presupuestario
La ASJ señaló la escasez de materiales esenciales, como y camillas, en el principal hospital del país, lo que dificulta el tratamiento básico de los pacientes. Según Munguía, la reducción del presupuesto asignado es alarmante: de los 2,390 millones de lempiras aprobados inicialmente por el Congreso Nacional, solo se asignaron 429 millones al sector salud.
Aún más preocupante es que, de los 1,961 millones aprobados tras ajustes, solo se han ejecutado 1,113 millones, dejando sin utilizar 848 millones al menos de dos meses para finalizar el año. Esta subejecución de recursos refleja, según Munguía, una preocupante falta de responsabilidad por parte de las autoridades.
Impacto en la población vulnerable
La crisis presupuestaria se suma a problemas estructurales que afectan a millones de hondureños. Según datos de la ASJ, un 21% de las personas encuestadas no recibe medicamentos completos, mientras que el 36% de los usuarios del sistema público no cuenta con ingresos fijos para acceder a tratamientos privados.
“Es inaceptable que, en medio de una emergencia sanitaria, tengamos establecimientos incapaces de cubrir las necesidades básicas de salud, a pesar de contar con el presupuesto asignado”, afirmó Munguía.
Urgencia de reformas en el sistema de salud
Ante esta situación, Munguía hizo un llamado a las autoridades para priorizar una reforma estructural que garantice la eficiencia en la gestión de los recursos y el cumplimiento del derecho fundamental a la salud. La incapacidad operativa del sistema se ha mantenido durante tres años consecutivos de emergencia sanitaria, dejando desprotegidas a las poblaciones más vulnerables del país.
