Estado de excepción: una herramienta vital pero controvertida en Honduras
El comisionado Pérez Suazo defiende los resultados del estado de excepción en la reducción de homicidios, mientras los críticos señalan un aumento en las violaciones a derechos humanos y la persistencia de la extorsión.
El comisionado Miguel Pérez Suazo, director policial en Honduras, defendió este jueves la implementación del estado de excepción como una herramienta clave para mejorar la seguridad en el país. Según Pérez Suazo, esta medida ha permitido reducir significativamente los índices de homicidios y capturar a millas de miembros de maras y pandillas. Sin embargo, el estado de excepción también ha sido objeto de críticas por presuntos abusos policiales y la falta de evidencia estatal sobre su efectividad en combatir problemas estructurales como la extorsión.
Logros destacados según el comisionado
Pérez Suazo afirmó que el gobierno fijó una meta ambiciosa de reducir los homicidios en un 4.5%, objetivo que ha sido prácticamente duplicado gracias al estado de excepción. Entre los resultados presentados por el comisionado, destacan:
La captura de más de 4.600 miembros de maras y pandillas
Un 81% de los detenidos se enfrenta a un auto de procesamiento formal, mientras que un 13% cuenta con medidas sustitutivas y un 3% ha recibido sobreseimiento definitivo.
Para Pérez Suazo, estas cifras demuestran que el estado de excepción es un instrumento eficaz para garantizar la seguridad ciudadana en el país.
"Ha sido una herramienta vital para este tipo de logros", reiteró el comisionado en sus declaraciones.
Críticas y cuestionamientos
Pese a los datos presentados por Pérez Suazo, el estado de excepción no ha estado exento de controversias. Aunque el comisionado destacó la reducción de homicidios, admitió que la extorsión ha incrementado, lo que genera dudas sobre la sostenibilidad y alcance de los resultados obtenidos.
Un reportaje publicado en el marco del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Democracia y Autoritarismo en Centroamérica cuestionó la efectividad de la medida. Según esta investigación, no existe evidencia estatal que respalde que el estado de excepción ha logrado disminuir la violencia o acabar con las extorsiones pandilleras.
Además, se reportaron numerosos casos de abusos policiales cometidos bajo el amparo del estado de excepción, entre ellos:
Tortura
Agresiones sexuales
Desapariciones forzadas
Homicidios
Estos abusos, según el informe, reflejan el uso excesivo de los “súper poderes” otorgados a las fuerzas del orden, lo que ha resultado en violaciones a los derechos constitucionales y humanos de los hondureños.
Equilibrio entre seguridad y derechos humanos
El estado de excepción, implementado hace casi dos años, fue concebido como una medida extraordinaria para abordar los altos índices de criminalidad y violencia en Honduras. No obstante, los críticos argumentan que su ejecución se ha derivado en una militarización de la seguridad pública y ha afectado gravemente las libertades individuales.
Mientras las autoridades policiales destacan logros como la reducción de homicidios, sectores de la sociedad civil y organismos internacionales alertan sobre los riesgos de mantener una medida que, según ellos, compromete el estado de derecho y la democracia en el país.
En este contexto, se plantea un desafío central para el gobierno: lograr un equilibrio entre garantizar la seguridad ciudadana y respetar los derechos fundamentales de la población. La discusión sobre el futuro del estado de excepción seguirá siendo un tema prioritario en el debate público hondureño.
