Condenan a tres involucrados en proyecto hidroeléctrico vinculado al caso de Berta Cáceres
Una sala de lo penal del Supremo de Honduras dictó sentencia contra tres personas relacionadas con el polémico proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, al que se oponía la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en 2016.
El exdirectivo de la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), Roberto David Castillo, fue condenado a cinco años de prisión, junto con Carolina Lizeth Castillo, exfuncionaria de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee). Ambos deberán pagar una multa de 380.700 lempiras (unos 15.200 dólares) y estarán inhabilitados para ejercer cargos públicos durante una década.
Por su parte, Raúl Pineda, exalcalde de San Francisco de Ojuera, en Santa Bárbara, recibió una pena de dos años de prisión por falsificación de documentos públicos, conmutada por trabajo comunitario. Además, estará inhabilitado para ocupar cargos municipales por seis años.
La lucha por la justicia del pueblo lenca
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), organización que Cáceres lideraba, celebró el fallo como un avance en la búsqueda de justicia para el pueblo lenca y los derechos medioambientales. En redes sociales, destacaron que estas sentencias confirman que “la concesión del Río Gualcarque fue un fraude”.
El proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, desarrollado en el río Gualcarque, enfrentó fuerte oposición por parte de comunidades indígenas debido a los graves daños ambientales que ocasionaría en sus territorios. Cáceres denunció estas afectaciones antes de su asesinato, ocurrido el 2 de marzo de 2016 en su residencia en La Esperanza, Intibucá.
Un caso de repercusión internacional
En 2022, Roberto David Castillo ya había sido condenado a 22 años y seis meses de prisión como coautor del asesinato de Cáceres. El reciente fallo refuerza las medidas contra los responsables de las irregularidades asociadas al proyecto, cuya sentencia había sido postergada en tres ocasiones.
El Ministerio Público había solicitado penas mayores, incluyendo siete años para los Castillo y doce años para el exalcalde, pero las condenas finalmente emitidas reflejan un paso hacia la rendición de cuentas en uno de los casos de justicia ambiental más emblemáticos de Honduras.
