Requerimiento fiscal por supuesta corrupción en compras de COPECO durante la pandemia

El Ministerio Público acusa a exfuncionarios y representantes de empresas de fachada por la adquisición de productos sobrevalorados durante la emergencia por COVID-19

La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) del Ministerio Público ha presentado un requerimiento fiscal contra exfuncionarios de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y supuestos representantes legales de empresas de fachada, a quienes se acusa de aprovechar la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 para realizar compras irregulares de productos sobrevalorados, incluyendo percoladoras y otros artículos no esenciales para enfrentar la emergencia.

l decreto ejecutivo PCM 005-2020 otorgaba a COPECO y otras instituciones la potestad para gestionar recursos de manera directa, con el objetivo de asegurar la adquisición de insumos médicos prioritarios. Sin embargo, las investigaciones han revelado que, en lugar de garantizar el abastecimiento de materiales necesarios, se realizaron compras de artículos innecesarios y sobrevalorados, en complicidad con empresas de fachada, adquiriendo productos como lavadoras, secadoras, televisores y camas. Estas acciones, según el Ministerio Público, habrían contribuido a agravar la crisis sanitaria, poniendo en riesgo la vida de cientos de hondureños.

Señalados por los presuntos actos de corrupción

Entre los acusados figuran Gabriel Alfredo Rubí Paredes, exministro de COPECO; Gilberto Estévez Martínez, exjefe de compras; y Cristian Elías Santeli Chavarría, exdirector administrativo-financiero, a quienes se les atribuye responsabilidad en delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios. También se acusa a Odalis Jazmín Martínez Maldonado por fraude y usurpación de funciones públicas, y a Junior Alexander Benítez Gonzáles, Pedro Antonio Núñez, y Mireya Patricia Paz Barahona por fraude.

Esquema de corrupción y sobrevaloración de productos

De acuerdo con las investigaciones, el esquema consistía en la simulación de negociaciones lícitas con una empresa distribuidora, en las que algunos acusados aparentaban ser funcionarios de COPECO. Para ocultar las irregularidades, las ventas se facturaban a nombre de empresas de fachada. Se estima que el valor inicial de los productos adquiridos era de aproximadamente siete millones de lempiras, pero mediante la sobrevaloración, COPECO terminó pagando más de 12 millones de lempiras, lo que representa una diferencia de más de cinco millones de lempiras entre el costo real y el precio pagado.

Esta supuesta red de corrupción aprovechó la crisis que afectaba a la población hondureña, desviando recursos que debían ser utilizados para la atención de la emergencia sanitaria y poniendo en riesgo la salud y la vida de los ciudadanos.